La Ley del Ruido viene a reglar a escala estatal un ámbito del derecho ambiental como es la Contaminación Acústica, que encontrábamos hasta ahora muy disgregada sectorial y territorialmente.

Así, el Reglamento de actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas define como molestos a los ruidos o vibraciones; la Ley de Costas prohíbe la publicidad por medios acústicos en las playas y demás bienes del dominio público terrestre y su zona de protección. Por otro lado, la Ley de Espacios Naturales Protegidos, de la Flora y la Fauna Silvestres, contempla como infracción administrativa la emisión de ruidos que afecte a la tranquilidad de las especies, y la Ley General de Sanidad establece que el control sanitario de los ruidos y las vibraciones se regulará mediante las ordenanzas municipales en cuanto los límites de emisión. Por otro lado, la normativa relativa a la actividad laboral también contempla la protección de los trabajadores frente a los riesgos derivados de la exposición al ruido durante el trabajo. Finalmente, encontramos limitaciones en el uso de señales acústicas en la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos de Motor y Seguridad Vial, así como escape libre de vehículos. De hecho, la primera norma de regulación de la contaminación acústica, que encontramos el ámbito europeo se refiere precisamente, al nivel sonoro admisible y al dispositivo de escape de los vehículos a motor. De hecho, la legislación en cuanto al ruido comenzó regulando los dispositivos y/o actividades emisoras de ruido, especialmente en el ámbito europeo. De este modo, en el ordenamiento jurídico europeo, encontramos limitaciones del emisión sonora de las máquinas usadas en la construcción, las aeronaves subsónicas, o las cortadoras de césped, grúas de torre, etc.

A escala territorial también encontramos muy disgregada la normativa relativa a la contaminación acústica. Así por ejemplo, Galicia ya disponía una ley del ruido en 1997, mientras que las comunidades de Cataluña y Valencia no aprobaron su ley del ruido hasta el 2002, y otras comunidades autónomas aún no disponen de una norma al respecto, y por tanto, será esta ley, la que venga a cubrir este vacío normativo. No olvidemos que es el segundo país detrás de Japón, con mayor índice de población expuesta a altos niveles de contaminación acústica.

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