Zaragoza, 29 oct (EFE).- La Ley de Protección contra la contaminación acústica de Aragón, también denominada Ley del Ruido, se aprobará definitivamente el próximo mes de noviembre, después de que hoy se haya dado el visto bueno al trabajo de las ponencias por parte de la Comisión de Medio Ambiente de las Cortes. El coordinador de las ponencias, el diputado del PAR Joaquín Peribáñez, ha explicado en declaraciones a los medios de comunicación que se trata de “una buena ley”, que trata de “evitar el ruido y las molestias que causa el ruido por diferentes motivos y en diferentes situaciones”. A su juicio, lo más destacable de la norma, que previsiblemente se aprobará de forma definitiva en pleno el próximo mes de noviembre, es “la alta participación de los ciudadanos” en su elaboración y “el buen ambiente que ha reinado entre los grupos políticos para tratar de llegar al mayor consenso” en beneficio de la propia Ley y de los aragoneses. Ha reconocido que “seguro se podría mejorar en algo”, pero lo que hay que hacer ahora es “ponerla en marcha” para ver si existe “algún tipo de deficiencia” y en todo caso “acomodarla a la realidad”. El proyecto de Ley fue aprobado por el Consejo de Gobierno el 23 de septiembre de este año y establece la obligación de que los municipios de más de 20.000 habitantes elaboren un mapa de ruido, una elaboración que es voluntaria para el resto de municipios. El proyecto aragonés mantiene los niveles de ruido que establece la ley estatal, de 2003, aunque se permite que un municipio pueda ser más restrictivo si lo considera oportuno y se establece un régimen específico para la edificación, con mecanismos para garantizar la calidad acústica de la edificación en el ámbito de Aragón. El Grupo Parlamentario Popular en las Cortes de Aragón presentó 43 enmiendas al proyecto, y todas ellas han sido admitidas, ha señalado a Efe el diputado del PP Javier Gamón, quien ha agregado que a pesar de que la norma tiene cuestiones “mejorables” no es una Ley “para decir que no”. Respecto a las competencias de los ayuntamientos en este asunto, Gamón ha dicho que en ocasiones es difícil integrar las potestades o la autonomía municipal dentro de la Ley, ya que hay cosas que “se tienen que supervisar desde el Gobierno de Aragón”, y precisamente “era uno de los caballos de batalla que tenía el PP”. Ha agregado, en este sentido, que “sin entrar a poner en duda la autonomía municipal, alguien con más medios, con más conocimientos como es el Departamento de Medio Ambiente ha de ser el que recomiende, asesore y ponga ciertos límites”, ya que los Ayuntamientos “no tienen los medios para poder estimar si los límites de ruidos son excesivos o no”. El proyecto de ley aragonesa mantiene los niveles de ruido que establece la ley estatal, aunque se permite que un municipio pueda ser más restrictivo si lo considera oportuno, y en otro de los apartados se reconoce el derecho del ciudadano a ser informado de las calidades acústicas de su vivienda en el momento de su compra. Además, se establece una forma homogénea de medición, que podrán llevar a cabo funcionarios de las administraciones locales convenientemente formados y acreditados, con el fin de que la protección a todos los ciudadanos aragoneses frente a la contaminación acústica sea la misma. La norma crea también la figura de los Paisajes Sonoros Protegidos que podrá declarar la Comunidad Autónoma en zonas de interés ecológico por sus sonidos naturales frente a la contaminación acústica producida por la actividad humana y establece la figura de los Programas de Corrección Acústica, concebidos como herramientas de autocontrol que tienen por finalidad la minimización de la contaminación acústica de los emisores acústicos. EFE